Irá a tribunales el caso del trabajador de CA que murió en una mezcladora de cemento
Chris Kuhns, exinvestigador criminal senior de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal-OSHA), dijo que espera que la familia de Jairo Ramírez, un inmigrante de El Salvador que vivía cerca de Watsonville y murió triturado dentro de una mezcladora de cemento en 2021, pueda por fin ver justicia.
El próximo mes, Kristo Kristich, presidente y director ejecutivo de Kristich-Monterey Pipe Company, que fabrica grandes tubos de concreto de 60 pulgadas de diámetro, tiene una audiencia preliminar por cargos relacionados con la presunta desconexión de un dispositivo de seguridad clave que habría evitado la muerte de Ramírez.
Kristich podría enfrentarse a penas de prisión y a una multa de hasta $1.5 millones. La fiscalía del Condado de Monterey presentó los cargos en enero.
Una investigación de Sacramento Bee descubrió que el caso estuvo a horas de no ser presentado debido a lo que Kuhns llama disfunción en Cal-OSHA y a la negativa de la dependencia de protección laboral –una negativa que lleva años– para contratar más investigadores criminales. Solo después de que The Bee preguntara al respecto, el caso fue resucitado y el fiscal del distrito presentó cargos.
La dependencia solo tiene un investigador criminal para todo el estado. El presupuesto es para ocho. Según un artículo del Sacramento Bee de febrero, este nivel de personal pone en peligro a los trabajadores.
Kuhns era un veterano con 15 años de experiencia en el Buró de Investigación (BOI) de Cal-OSHA, una pequeña unidad cuya tarea, por mandato legislativo, es investigar las aproximadamente 400 muertes de trabajadores que se producen anualmente, así como otras lesiones graves para determinar si se deben recomendar cargos penales.
La exjefa de Cal-OSHA Ellen Widess, quien tuvo ese puesto de 2010 a 2012, dijo que lo que ha sucedido en el BOI es “desgarrador y desafía cualquier explicación lógica”.
“Tener un solo inspector para 19 millones de trabajadores, más de un millón de lugares de trabajo en este estado, es indignante. Debería ser una unidad bien respaldada”.
Bajo Widess, las remisiones a los fiscales que involucran muertes de trabajadores fueron 10 veces más altas. En 2022, el BOI remitió tres casos. En el último año de Widess, 2012, el BOI remitió 29.
“Metemos a los malos actores en la cárcel, eso es un verdadero elemento disuasorio”, dijo.
El hermano, testigo clave
La mayoría de los casos de Cal-OSHA se refieren a sanciones civiles. El trabajo de Kuhns consistía en decidir qué casos alcanzaban el nivel extraordinario de elevarse al nivel de negligencia criminal.
Un testigo clave en el caso Kristch es el hermano mayor de Jairo, Nilson.
La empresa mezcla toneladas de cemento a diario, y hacerlo con eficacia es clave para obtener beneficios. Cada vez que se pone en marcha la máquina hay que rasparla para limpiarla. Era un trabajo agotador y, en Kristich, peligroso.
Según un borrador del reporte de investigación redactado por Kuhns en abril de 2023, Nilson se había negado a limpiar la máquina.
“Tenía demasiado miedo de entrar en ella debido a las grandes cuchillas”, afirma el reporte.
Y era reacio porque sabía que el dispositivo de seguridad había sido alterado para que Kristich pudiera encender la máquina a distancia desde un ordenador dentro de la planta, según el reporte.
La mezcladora estaba afuera, fuera de la vista desde donde Kristich encendía y apagaba la máquina de forma rutinaria, según el reporte.
“Piense que es como una secadora de ropa, si la puerta está abierta e intenta arrancarla no funcionará”, dijo Kuhns. “La mezcladora tenía el mismo tipo de dispositivo”.
“He hablado de esto con nuestro cliente y en este momento no podemos hacer comentarios sobre este asunto legal pendiente”, dijo el abogado de Kristich, Christopher Panetta.
Kristich despidió a Nilson por negarse, pero volvió a contratarlo, según el reporte de Kuhns. Era valioso, porque trabajaba más de 100 horas a la semana, de 3 a.m. a 7:30 p.m., seis días a la semana sin horas extraordinarias, según el reporte.
“Todo el mundo sabía que el jefe podía encender la máquina con la puerta abierta, vimos qué eso pasaba”, dijo Nilson.
Después de que Jairo hiciera el viaje desde El Salvador y se reuniera con su hermano en la planta, la “máquina también le asustó”, dijo su hermano.
“Mi hermano tenía un mal presentimiento”, dijo. “Pero tenía un niño de 4 años en El Salvador, Saúl de Jesús, y sintió que no tenía elección. Necesitaba el dinero. Rezamos para que todo saliera bien”.
El 21 de enero de 2021, Jairo subió a la máquina y la pesadilla de Nilson se hizo realidad. Jairo fue eviscerado en segundos, con su hermano a unas cien yardas de distancia sin posibilidad de hacer nada.
El reporte Kuhns recomendó cargos por homicidio involuntario. En teoría, eso debería haber hecho que los cargos penales fueran casi una certeza.
Jonathan Raven, director general de la Asociación de Fiscales de Distrito de California y exfiscal en jefe del Condado de Yolo, afirmó que el BOI desempeña un papel crucial en el sistema de justicia penal de California.
“Los reportes de investigación del BOI son fundamentales para orientar a los fiscales de distrito de todo California a la hora de determinar si deben o no presentar cargos penales contra los empresarios en caso de muertes o lesiones en el lugar de trabajo”, afirmó.
Se recomiendan cargos por homicidio
Pero el reporte de Kuhns no llegó a la oficina del fiscal del distrito de Monterey en un primer momento.
En su lugar, el caso fue cerrado por Cal-OSHA y todos los archivos de la investigación de Kuhns fueron borrados, según Kuhns y múltiples fuentes de Cal-OSHA.
Kuhns dijo que la continua falta de apoyo de los altos funcionarios de Cal-OSHA al BOI le hizo dejar un trabajo que amaba.
“Es gratificante cuando puedes intentar que se haga justicia a las familias y enviar un mensaje de que hay consecuencias reales por ser descuidado con la vida de alguien”, dijo. “Pero el DIR (Departamento de Relaciones Industriales, que supervisa Cal-OSHA) lo hizo imposible”.
Kuhns dejó el BOI en junio de 2023, aceptando un trabajo en la mucho mejor dotada Cal Recycle como investigador criminal. Allí es uno de los 30 investigadores que investigan fraudes y otros asuntos.
En su último día de trabajo, envió un correo electrónico a Katie Hagen, directora del DIR, diciéndole que la situación en el BOI era desesperada.
“Está claro que a la organización no le importa el importante trabajo que hace el BOI para que el lugar de trabajo sea seguro en California”, escribió. “Una unidad que había sido dotada con nueve investigadores, con la necesidad de ampliar en ese momento, se ha reducido a dos investigadores restantes para todo el estado de California. Uno de ellos también se dirige a la puerta. Cuando esto ocurra, el BOI contará con un solo investigador y un supervisor. No se sorprenda cuando le llamen ante la Legislatura para responder a algunas preguntas difíciles”.
Hagen no respondió al correo electrónico y el DIR no tenía ningún comentario cuando se le preguntó sobre el correo electrónico de Kuhns.
Tras la historia de febrero de The Bee sobre la escasez de personal, Cal-OSHA dijo que estaba contratando a ocho puestos en el BOI.
“Recientemente hemos recibido cerca de 100 solicitudes y realizado cerca de 50 entrevistas para los puestos vacantes del Buró de Investigaciones (BOI)“, dijo el vocero Peter Melton.
Kuhns dejó atrás el reporte y sus archivos de investigación.
“Esperaba que lo remitieran”, dijo. “Pero estaba fuera de mi control”.
En octubre, Kuhns supo que el caso se había cerrado.
“Yo ya no estaba en ese momento, así que no puedo hablar de lo que ocurrió exactamente”, dijo. “Pero la razón creo que es la falta de personal adecuado. Había trabajo adicional que hacer en ese caso. Y simplemente no tenían personal”.
Como era práctica habitual en el BOI, se borraron todos los expedientes de investigación de los casos cerrados, según Kuhns y otras muchas fuentes de Cal-OSHA.
En respuesta a una pregunta sobre el borrado de los expedientes, Melton dijo: “La política de conservación de registros del DIR y de Cal-OSHA era y es mantener los registros de todos los casos remitidos y no remitidos. Esperamos que se siga esta política y tomaremos medidas para capacitar al personal en estos procedimientos y vigilar su cumplimiento”.
Cal-OSHA impuso a Kritsich una multa de $61,000 por el accidente, según los reportes de accidentes publicados en Internet por OSHA. El propietario aún no ha pagado las multas, por lo que está recurriéndolas.
Julio Alfaro, otro investigador criminal senior que dejó la organización en marzo, dijo que recuerda cuando el caso Kristich fue abandonado en algún momento del otoño.
“La razón oficial es siempre la misma, sobreseído ‘por falta de pruebas’”, dijo. “Eso es lo que siempre decíamos. Pero la verdadera razón era que los dos investigadores que quedábamos en ese momento teníamos un retraso de más de 120 casos cada uno. Nadie tenía tiempo para terminar el trabajo. Y el reloj de la prescripción estaba corriendo, así que simplemente lo abandonaron”.
Melton dijo que la Junta de Investigación había remitido el caso y estaba ayudando al fiscal. Melton no respondió a las preguntas sobre el archivo previo del caso.
Mi hermano merece justicia
Nilson cambió de trabajo. Dice que le ha costado mucho recuperarse de la tragedia y que se siente muy culpable. “Tengo pesadillas todo el tiempo”, dijo.
Cuando The Bee habló por primera vez con Nilson en diciembre, un juicio penal parecía una posibilidad remota. El caso había sido archivado por Cal-OSHA y la extensa entrevista que Kuhns realizó a Nilson fue borrada, según Kuhns.
Tras las indagaciones de The Bee, el fiscal del distrito se puso en contacto con Kuhns y el BOI, según una fuente de la oficina del fiscal del distrito, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre ello. El reporte original de Kuhns fue recuperado por el BOI. Dijo que lo había enviado por correo electrónico a alguien de Cal-OSHA, conservando un registro electrónico. Pero las grabaciones de audio se habían borrado definitivamente.
Kuhns descubrió entonces que aún conservaba los archivos en una unidad USB.
“Fue una suerte”, dijo. “No tenía ni idea”.
Los cargos se presentaron cuando faltaban horas para que prescribiera el delito, el 21 de enero, tres años después del accidente.
Al ser informado de que se presentarían cargos penales, Nilson hizo una pausa.
“No entiendo cómo ocurrió”, dijo. “Pero estoy contento. Mi hermano merece justicia”.