Los estafadores engañan a estos californianos. 2 propuestas están diseñadas para proteger a los inmigrantes de Fresno

A medida que aumentan las esperanzas de una reforma migratoria nacional, los legisladores de California se preparan para un aumento en las estafas y actividades fraudulentas perpetradas por consultores de inmigración autoproclamados contra residentes indocumentados que buscan un camino hacia la ciudadanía.

En respuesta, una legisladora del Valle Central presentó un proyecto de ley que impondría limitaciones y nuevas restricciones a los consultores de inmigración en ejercicio. Si bien algunos consultores de inmigración dicen que su práctica es un método de bajo costo pero efectivo para apoyar a las personas a través de un proceso legal complejo, los expertos y defensores afirman que muchos, especialmente aquellos que se llaman a sí mismos “notarios públicos,” son actores sin escrúpulos que defraudan a inmigrantes desprevenidos.

El problema comienza con una traducción engañosa, dicen los expertos. En México y algunos países de América Latina, los notarios se consideran profesionales legales o abogados altamente capacitados. En los Estados Unidos, mientras tanto, consultores no acreditados o sin licencia utilizan este término en su beneficio, tergiversando lo que están calificados para hacer. Y cuando toman casos de inmigración más allá de su ámbito de práctica, ponen en peligro las posibilidades de que sus clientes obtengan un estatus legal.

En Fresno, donde el fraude relacionado con la inmigración ha sido un problema de larga data, los líderes de la ciudad están redactando una nueva ordenanza que se basaría en el proyecto de ley estatal. Crearía sanciones más estrictas y requeriría que los consultores obtengan una licencia comercial y proporcionen un contrato escrito y firmado de los servicios prestados. La ordenanza también prohibiría a los consultores anunciarse a sí mismos como notarios públicos, una medida que algunos legisladores dicen que es necesaria desde hace mucho tiempo.

Se espera que el Ayuntamiento vote sobre la ordenanza el 27 de mayo.

“En los países de origen de nuestras comunidades de inmigrantes, el término tiene autoridad y poderes legales, una capacidad diferente del término ‘notario público’ utilizado en los Estados Unidos,” dijo Luis Chávez, el presidente del Concejo Municipal de Fresno. “Francamente, hay muchas empresas que se aprovechan de las esperanzas y los sueños de las personas que quieren legalizar su proceso. Queremos ser un socio y brindar un espacio donde la gente se sienta cómoda al revelar este tipo de problemas que sabemos que han ocurrido en la ciudad de Fresno, pero que nunca antes se habían presentado.”

¿Qué es el fraude migratorio?

Los consultores de inmigración pueden ayudar a completar el papeleo, traducir documentos y enviar formularios a las agencias gubernamentales. No son abogados y no se les permite brindar asesoramiento legal, decirles a los clientes qué formularios deben completar o representar a las personas en la corte.

Los consultores migratorios a veces presentan formularios con éxito para los clientes, lo que les ayuda a obtener más negocios a través del boca a boca, dijo Lázaro Salazar, un abogado con sede en Fresno que se enfoca principalmente en la ley de inmigración. Dijo que los inmigrantes que trabajan en la industria agrícola que no hablan inglés y tienen niveles educativos más bajos son los más vulnerables.

“Muchas de las personas que hacen este tipo de trabajo y que no siguen las reglas a menudo completan formularios que se hacen con éxito, y eso crea una mayor dependencia en ellos,” dijo. “Así que hay un factor de confianza y hay un factor de reconocimiento de nombres, pero la realidad es que las personas que están haciendo este trabajo no lo hacen en función de los requisitos y limitaciones que el estado les impone.”

Pero a veces, los consultores migratorios presentan los formularios incorrectos en nombre de sus clientes, dijo Salazar. Los consultores no calificados que no entienden las complejidades de la ley de inmigración pueden fácilmente cometer un error, dejando al solicitante en una situación legal peor, dijo.

Algunos errores pueden tener resultados nefastos.

Las personas podrían cometer perjurio si responden incorrectamente a las preguntas o mienten en los documentos de inmigración. Si se los encuentra culpables, podrían ser expulsados de los EE.UU. y enviados de regreso a sus países de origen durante al menos 10 años antes de que se les permita volver a ingresar. En ese momento, no importaría si el inmigrante cometió un error honesto o si un consultor de inmigración lo engañó.

“Es una consecuencia enorme, enorme,” dijo Salazar. “Para poder realizar un trabajo de inmigración, debe participar en un análisis legal. No hay forma de que pueda determinar la elegibilidad de alguien sin hacer las preguntas correctas ... y técnicamente si ese consultor comienza a hacer las preguntas correctas, ahora está involucrado en lo que se llama ‘práctica de derecho no autorizada.’”

Bill Anderson, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación Nacional de Notarios, estuvo de acuerdo en que algunos servicios solo deben ser manejados por abogados. Dijo que ciertos formularios, como las solicitudes de asilo, requieren un conocimiento profundo de la ley de inmigración y solo deben completarse con la ayuda de un abogado.

“Estos son los tipos de formularios que claramente requieren el ejercicio de la abogacía y que un abogado solo debe manejar,” dijo.

Dijo que los notarios autorizados y los consultores migratorios han estado luchando para separarse de las personas que se hacen llamar notarios.

“Hemos estado luchando contra esto durante 60 años,” dijo. “Le resta valor a los buenos notarios que están haciendo lo que la ley les permite hacer. Los consultores de inmigración que sabemos no usan ese término, son los que no están regulados y vinculados.”

Consultora: “El problema es la corrupción”

Algunos consultores migratorios dicen que su práctica por sí sola no tiene la culpa.

Iliana Silva, consultora de inmigración con sede en Fresno, reconoció que el fraude es rampante en el negocio de la consultoría, pero dijo que algunos abogados también son culpables. Durante sus ocho años en el negocio, dijo que ha visto a un puñado de abogados de inmigración cobrar a sus clientes tarifas exorbitantes por servicios que no completan.

“El problema es la corrupción, no los consultores de inmigración,” dijo. “Me sorprende la cantidad de dinero que se llevan estos abogados. Dicen que no hay ladrón más grande que un abogado ... te quitan el dinero y luego no te ayudan.”

Es un desafío determinar lo que los consultores y abogados de inmigración cobran cada uno por sus servicios y cómo se comparan sus precios. Con ambos, los clientes pueden quedarse con facturas elevadas que podrían costarles miles de dólares.

Silva dijo que muchas empresas como la suya brindan a los inmigrantes servicios de consultoría ética a un precio asequible. Y a diferencia de los abogados ocupados, dijo, los consultores suelen tener tiempo para conocer a sus clientes y explicarles el proceso de inmigración.

“Realmente me gusta lo que hago porque es muy gratificante cuando la gente regresa con su tarjeta de residencia, ciudadanía, visa de trabajo o lo que sea que estés haciendo por ellos y te dicen ‘gracias,’” dijo.

Las conversaciones nacionales sobre inmigración provocan un esfuerzo estatal

La Senadora estatal Anna Caballero, una demócrata que representa a partes de los condados de Madera y Merced, encabeza el intento actual de abordar el fraude migratorio en Sacramento.

Con un impulso renovado para la reforma migratoria en el Congreso, Caballero dijo que es imperativo que California apruebe la SB 670, su último proyecto de ley que apunta al negocio de la consultoría de inmigración.

Caballero fue la autora de AB 638 con la Asambleísta demócrata de San Diego, Lorena González Fletcher. El proyecto de ley de 2017 habría puesto fin al negocio de la consultoría de inmigración por completo al hacer ilegal que cualquier persona actúe en calidad de consultor de inmigración si no estuviera autorizado para ejercer la abogacía en California, autorizado para representar a otros bajo la ley federal en un asunto de inmigración, o un asistente legal que actúa bajo la supervisión activa de un abogado. El proyecto de ley no obtuvo suficiente apoyo en el Senado.

“Estoy convencido de que veremos una reforma migratoria en un futuro cercano,” dijo Caballero en una entrevista con el Bee. “Será necesario que las personas llenen los papeles y obtengan los documentos que necesitan para demostrar que realmente han estado aquí y que han estado trabajando y pagando impuestos. Y cuando eso suceda, necesitaremos que arreglen nuestro sistema.”

La ley actual exige que todas las personas que trabajan en una empresa de consultoría paguen una fianza de $100,000, se registren con la Secretaría de Estado y demuestren que no tienen antecedentes penales. Caballero dijo que los consultores a menudo ignoran o no cumplen con estas regulaciones.

El proyecto de ley de Caballero establecería nuevas limitaciones sobre el tipo de servicios que los consultores de inmigración pueden ofrecer, incluida la prohibición de completar formularios específicos.

Según el proyecto de ley, los consultores tendrían que dejar en claro a sus clientes que no están brindando asesoramiento legal y proporcionar un recibo y contrato firmado por todos los servicios completados. El proyecto de ley establecería límites sobre cuánto dinero pueden cobrar los consultores por un servicio y crearía protecciones más sólidas para el consumidor, dijo Caballero, al permitir que los clientes busquen un reembolso dentro de los tres días posteriores a la recepción de un contrato.

También evitaría que los consultores continúen publicándose como consultores o especialistas en inmigración. En su lugar, se les cambiaría el nombre de “preparadores de formularios,” un término que, según Caballero, definirá más claramente los servicios que están autorizados a brindar.

“Queremos aclarar que no puede usar ciertas palabras cuando describe el trabajo que hace,” dijo. “Lo que queremos poder hacer es reducir la cantidad de casos en los que suceden este tipo de actividades y luego crear una oportunidad para que los lugareños puedan entrar y atrapar a los malos actores y cerrar sus negocios.”

Además, los legisladores están considerando varias enmiendas, incluida una que evitaría que los nuevos consultores se registren en el estado, una medida que eliminaría gradualmente el negocio en el futuro.

Anderson, de la Asociación Nacional de Notarios, dijo que el proyecto de ley está “bien equilibrado,” pero dijo que no puede apoyarlo todo. Dijo que los honorarios de los consultores no deberían tener un tope, y agregó que prohibir que los nuevos consultores inicien sus propios negocios solo perjudicará a los inmigrantes y sus familias.

“Hay aproximadamente 1,000 consultores de inmigración hoy en día; estos son pequeños negocios y un gran número de ellos están dirigidos por los propios inmigrantes que se involucraron en esto porque tuvieron que pasar por todo el proceso hace años,” dijo. “Ya no tenemos suficientes proveedores de servicios para atender a los inmigrantes. ¿Por qué restringiríamos el número? Necesitamos tener más. La necesidad es demasiado grande.”

La medida actualmente se encuentra en el Comité de Apropiaciones. Aunque podría llegar a una votación en el Senado a partir del 31 de mayo, Caballero dijo que la Asamblea probablemente no tomaría el proyecto de ley hasta junio. Y si el proyecto de ley se aprueba, no se promulgará hasta julio de 2022.

Es por eso que muchos defensores dicen que promulgar una ordenanza local, como la propuesta por los líderes de la ciudad de Fresno, sería una solución más rápida para ayudar a combatir el aumento potencial de estafas. Si es aprobada por el Concejo Municipal, la nueva ordenanza entraría en vigencia 30 días después de la fecha de aprobación.

“Las reglas actuales a nivel estatal no son suficientes,” dijo Mario González, subdirector de la organización sin fines de lucro Centro La Familia. “Tiene que haber algún tipo de cambio para garantizar que las personas no ejerzan la abogacía a menos que estén autorizadas por algún tipo de entidad legal y sean responsables.”